Quito (Ecuador) – El 15º Tribunal Local de los Derechos de la Naturaleza en Ecuador ha concluido su audiencia con una contundente denuncia contra la minería en el país, señalando que no solo vulnera los Derechos de la Naturaleza, sino que también atenta contra los derechos humanos de las comunidades afectadas.

Durante la sesión en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito, expertos y testigos expusieron las devastadoras consecuencias de la megaminería, en particular la dominada por empresas canadienses, sobre los ecosistemas y la vida de miles de personas. “Las víctimas de la minería no son solo los humanos, sino también la Naturaleza”, afirmó el fiscal del Tribunal, Ramiro Ávila. “Las empresas, especialmente las canadienses, y el Estado ecuatoriano por su omisión, son responsables de esta devastación”.

El geólogo William Sacher detalló cómo la megaminería en Ecuador es una actividad de alto riesgo: “Ecuador es un país sísmico, pluvioso y con una topografía accidentada. Estos factores hacen que la minería aquí sea aún más peligrosa. Además, el país tiene una débil institucionalidad, lo que facilita que los intereses mineros canadienses—que controlan el 40% del sector a nivel mundial—avancen sin restricciones”.

Una industria que vulnera derechos fundamentales

El Tribunal escuchó numerosos testimonios sobre cómo las concesiones mineras han sido otorgadas sin el consentimiento de las comunidades. La militarización del territorio y la coacción de comunidades han convertido los procesos de consulta en meros trámites administrativos sin garantías reales de participación. Gustavo Redín, abogado experto en Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza, señaló que en Ecuador nunca ha existido una consulta previa libre e informada. “Se asusta a las comunidades para evitar su participación, y quienes terminan siendo consultados son aquellos que ya están alineados con las empresas y el Estado”.

El juez Alberto Acosta reforzó este argumento al demostrar que la actividad minera viola múltiples artículos de la Constitución ecuatoriana. “El artículo 57 numeral 7, el 398 sobre consulta ambiental y el 408 sobre la participación del Estado en los beneficios extractivos, entre otros, han sido ignorados. La conclusión es clara: en Ecuador, toda la minería legal es ilegal”.

Luis Corral, vocero del Frente Nacional Anti Minero, expuso cifras alarmantes: “El 92% de las concesiones mineras están en zonas de alta importancia hídrica, el 30% en áreas de conservación municipal y entre el 30% y 50% en territorios indígenas. Y el 100% de las concesiones han sido entregadas sin consulta ambiental”.

Criminalización de defensores del agua y la Naturaleza

Uno de los aspectos más alarmantes expuestos en el Tribunal fue la criminalización de los defensores ambientales. Más de 200 personas han sido criminalizadas en distintos territorios: en Palo Quemado y Las Pampas, 134 personas han sido criminalizadas tras enfrentar procesos de consulta forzada bajo militarización; 47 defensores enfrentran procesos judiciales por resistir la minería en los páramos de Nabón; en Warintza, Fierro Urco y Espíndola, nueve defensores del agua fueron sentenciados a prisión, registrándose además denuncias de violencia estatal, militarización y creación de organizaciones paralelas para fragmentar la resistencia indígena. 

El defensor Fausto Arechua, de Las Naves, fue sentenciado a cuatro años de prisión: “Nos persiguen por defender el agua, buscan encarcelarnos para silenciarnos”, denunció, y aseguró haberse enfrentado a un proceso judicial injusto y ser declarado culpable sin pruebas por resistirse al proyecto minero Curipamba-El Domo.

Juan Carlos Carvajal, dirigente comunitario de Palo Quemado y Las Pampas, denunció que en 2024, el ingreso de la empresa minera vino acompañado de una fuerte militarización: en una parroquia de menos de 700 habitantes, se desplegaron más de mil efectivos de la fuerza pública. Además, la comunidad enfrenta pasivos ambientales dejados por más de 40 años de actividad minera, que hasta hoy no han sido reparados. 

Impacto en el agua y las comunidades

Los testimonios de líderes comunitarios y defensores ambientales ilustraron el daño irreparable que la minería está causando en el país. Daniel Sisa y Fausto Arechua describieron la dramática situación en Las Naves, donde el 80% del territorio ha sido concesionado para actividades mineras. “El acceso al agua segura está en riesgo. En época de lluvias, las explosiones con dinamita han provocado deslizamientos de tierra que ponen en peligro nuestras comunidades”, advirtió Sisa. “Los animalitos piden auxilio. Es como que ellos anuncian el peligro. No sólo somos nosotros que pedimos auxilio, ellos también”, dijo entre lágrimas.

Xavier Guachamín alertó sobre el peligro de los desechos tóxicos generados por la actividad minera. “Las relaveras pueden colapsar en cualquier momento, sepultando comunidades enteras bajo lodos tóxicos. La probabilidad de fallo es tan alta que debería considerarse inevitable”. Se destacó el caso de la relavera del proyecto Mirador, cuya falla podría provocar la desaparición de la ciudad de Tundayme bajo una masa de desechos contaminantes.

Nayra Chalán, del pueblo Saraguro en Fierro Urco, denunció que seis ríos que conforman una estrella hídrica esencial para 62.000 personas en 14 parroquias están amenazados por 27.000 hectáreas de concesiones mineras repartidas entre siete proyectos de cinco empresas. “La resistencia ha sido respondida con represión: hemos sufrido heridas, persecución y criminalización. Incluso, en Gualtel en 2023, hubo intervenciones militares y quema de camionetas de comuneros”, señaló, advirtiendo que la división comunitaria es una estrategia recurrente de las empresas mineras para debilitar la oposición, mientras que el Ministerio del Ambiente y otras instituciones del Estado han actuado en favor de los intereses extractivistas.

La comunidad de Kimsacocha ha resistido durante más de 30 años contra el proyecto minero Loma Larga, actualmente operado por Dundee Precious Metals. A pesar de que en reiteradas consultas populares más del 90% de la población ha rechazado la minería, el gobierno ha ignorado estos resultados y sigue promoviendo la explotación en esta zona de páramo, una fuente vital de agua para Cuenca y sus alrededores. La lucha ha incluido huelgas de hambre, criminalización de defensores del agua y movilizaciones masivas, como la marcha de 20.000 personas en Cuenca en defensa del agua. Hortencia Zhagüi, guardiana del agua en Kimsacocha, relató cómo han resistido la primera fase de exploración y ahora enfrentan la amenaza de la explotación minera: “Nos han dado la espalda, nos han excluido, pero seguimos firmes. Esta lucha es por el agua, por nuestra riqueza y nuestra agricultura”. 

El caso Warintza, en la Cordillera del Cóndor, expuso cómo la expansión minera vulnera los derechos del pueblo Shuar y amenaza uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo. Josefina Tunki, lideresa Shuar, denunció que su pueblo nunca fue consultado y que, pese a su rechazo explícito al extractivismo en una asamblea magna de 2022, el Estado ha ignorado su decisión. “Hemos vivido más de 500 años en estos bosques y ahora nuestros territorios están divididos, enfrentados entre pro mineros y antimineros. El agua es vida para nosotros, y sin ella no hay Buen Vivir”, advirtió. Fanny Kaekat, también del pueblo Shuar, alertó sobre los efectos devastadores que la minería ya está teniendo en su comunidad: “El gobierno negocia nuestros territorios a puerta cerrada, dividiendo familias, enfermando a nuestra gente y contaminando el agua. Nuestro territorio no está a la venta, no es un negocio, no vamos a sacrificarlo”. La abogada Nathaly Yépez, de Amazon Watch, reveló datos alarmantes del estudio de impacto ambiental del proyecto: “El tajo abierto tendrá la extensión de 18 canchas de fútbol y una profundidad de 11. Solo en su primera fase, requerirá 18 millones de litros de agua, y 550 mil litros diarios durante 22 años”. Además, solo en la zona de impacto directo del proyecto hay 52 especies en peligro de extinción. A pesar de que la OIT ha confirmado que la consulta previa no respetó las costumbres del pueblo Shuar, el gobierno ecuatoriano sigue impulsando la concesión sin garantías para la comunidad ni para la Naturaleza.

En Espíndola, uno de los cantones más pobres de Ecuador, la minería ha avanzado aprovechando la vulnerabilidad económica de las comunidades. Esmeralda Vicente Salinas, del Colectivo Juntos por el Agua, denunció que la empresa Salazar Resources, vinculada a familiares del presidente del Ecuador, ha recibido licencias y permisos ambientales para operar en el páramo de El Airo Tundurama, una zona de protección hídrica y parte del parque nacional. “El agua que la gente consume no es apta, pero el gobierno sigue otorgando concesiones mineras sobre áreas de conservación municipal y uso sostenible”, advirtió. Además, la estrategia de las empresas ha sido condicionar su presencia con donaciones y proyectos en escuelas, debilitando la resistencia comunitaria. “Nos sentimos en total indefensión”, concluyó.

Myriam Quezada, miembro del Frente Nacional Anti Minero y de la comunidad de Nabón, donde las concesiones mineras en zonas de recarga hídrica afectan el derecho al agua y la autonomía de comunidades locales, denunció que 55.000 hectáreas han sido concesionadas, de las cuales 17.000 fueron entregadas a una empresa canadiense sin consulta previa. “Las empresas mineras no compraron un territorio, compraron un problema. Frente a este desgobierno, hemos articulado nuestra defensa con otras organizaciones y, gracias a nuestra resistencia, logramos paralizar temporalmente las actividades mineras”, afirmó. Quezada también denunció el abandono del Estado y la falta de respuesta de las autoridades frente a las peticiones de las comunidades. “Nos han dejado solos, pero seguimos resistiendo”, concluyó.

Un Tribunal que refleja una lucha global

El Tribunal también abordó el papel de los tratados de libre comercio en la expansión minera. Cecilia Cherrez, de Acción Ecológica, denunció la relación entre el TLC con Canadá y la impunidad de las empresas extractivistas: “No es una negociación simétrica. Canadá gana, Ecuador cede. Hemos identificado que el principal interés de las inversiones canadienses es la minería. El TLC solo refuerza su blindaje jurídico”.

El veredicto oral

El 15º Tribunal Local de los Derechos de la Naturaleza en Ecuador deja en evidencia que la minería en el país es ilegal y destructiva, por causar graves vulneraciones a los Derechos de la Naturaleza, derechos humanos y al derecho a la consulta previa, libre e informada. Se denuncia el uso de tratados de libre comercio como herramientas para facilitar el acceso a recursos estratégicos y el avance del “colonialismo verde” bajo la excusa de una transición energética. El Tribunal exige el cese de la criminalización de defensores ambientales, el respeto a las consultas populares y la salida inmediata de las empresas mineras de los territorios afectados, así como la revisión de concesiones otorgadas sin los debidos estudios ambientales.

Además, los jueces demandan transparencia sobre la construcción de relaveras y la prohibición de aquellas ubicadas aguas abajo, como en Cóndor Mirador. El Tribunal reconoce la labor de defensores ambientales como Daniel Sisa, Josefina Tunki y otros líderes comunitarios, exigiendo su protección por parte del Estado, y responsabiliza a los gobiernos de Ecuador y Canadá, así como a las empresas implicadas, por las violaciones presentadas, solicitando la no ratificación del Tratado de Libre Comercio con Canadá. Finalmente, el Tribunal condena tanto la minería ilegal como la legal que vulnera derechos, y pide declarar al Ecuador libre de minería metálica, especialmente en zonas de recarga hídrica.

El mandato de esta sesión fue presentado a Zenaida Yacasama, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y a Hortencia Zhagüi, representante de la Junta Administradora de Agua Potable de Victoria del Portete y Tarqui, quienes representarán estas luchas en la próxima audiencia internacional del Tribunal, que se celebrará en Toronto el 28 de febrero de 2025, coincidiendo con la Conferencia de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC). Descarga aquí el mandato del Tribunal.

Para ver el video de la sesión entera, haga clic aquí.

Sobre el Tribunal de los Derechos de la Naturaleza

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza es una institución dirigida por ciudadanos que aborda las violaciones contra la Naturaleza y los derechos de sus guardianes, responsabilizando a empresas y gobiernos de la destrucción ambiental. Al ofrecer recomendaciones jurídicas y amplificar las voces populares, el Tribunal promueve un marco de justicia ambiental basado en los Derechos de la Naturaleza.

Desde su creación, el Tribunal ha revisado casos en todos los continentes, abarcando cuestiones como el fracking, la deforestación, la extracción de combustibles fósiles, las infraestructuras a gran escala y la minería. Sus decisiones sirven de modelo para proteger la Naturaleza y defender sus derechos como base para una gestión eficaz y justa. Más información sobre el Tribunal aquí.

Jueces del Tribunal

Esta sesión del Tribunal contó con un distinguido panel de jueces, entre ellos:

• Elsie Monge (Presidenta): Directora Ejecutiva de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y profesora emérita.
• Alberto Acosta: Expresidente de la Asamblea Constituyente y autor destacado.
• Francesco Martone: Coordinador de la Asamblea de Jueces del Tribunal y Ex-Senador de la República de Italia.
• Blanca Chancosa: Líder indígena y fundadora de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa de Ecuador (Ecuarunari).
• Carlos Zorrilla: Cofundador de Defensa y Conservacion Ecologica de Intag (DECOIN), defensor de Intag contra la minería.

Al frente de la acusación estuvo Adriana Rodríguez, coordinadora del Programa Andino de Derechos Humanos (PADH) y docente investigadora de la Universidad Andina Simón Bolívar, y Ramiro Ávila, profesor universitario y ex juez de la Corte Constitucional de Ecuador, como Fiscales de la Tierra, y Natalia Greene, directora de la Alianza Global de los Derechos de la Naturaleza (GARN) y vicepresidenta de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA), como Secretaria del Tribunal.

Por consultas de medios:

• Natalia Greene, secretaria del Tribunal
  📞 +593 99 944 3724
  📧 secretariat@rightsofnaturetribunal.org
• Josefina Mösle, Responsable de Comunicación del Tribunal
  📧 communications@garn.org

Descargue aquí el comunicado de prensa.

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Fotos: Rosa Jijón