Foto: JB Alfaro | Tribunal de los Derechos de la Naturaleza

En su 3.ª Sesión Regional, celebrada en Puyo, Ecuador, en el marco del XII Foro Social Panamazónico (FOSPA), el Tribunal reconoció violaciones a los derechos de la Madre Tierra en seis casos de expansión de la frontera petrolera y llamó a los Estados a respetar la consulta previa, libre e informada y a proteger a las y los defensores de los territorios.

El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza celebró su 3.ª Sesión Regional sobre la Amazonía, en el marco del XII Foro Social Panamazónico (FOSPA) en Puyo, Ecuador. La audiencia dio continuidad a seis casos presentados durante la Primera Conferencia del Tratado de No Proliferación de los Combustibles Fósiles, celebrada este año en Santa Marta, Colombia.

Durante casi ocho horas, autoridades y representantes indígenas, comunidades campesinas y pesqueras, personas defensoras, especialistas y Fiscales de la Tierra expusieron ante el Tribunal los impactos de proyectos de exploración, extracción, transporte y refinación de combustibles fósiles en distintos territorios de la Panamazonía.

El panel de jueces estuvo presidido por Patricia Gualinga (lideresa Kichwa de Sarayaku, Ecuador) y Gregorio Mirabal (líder Kurripako, Venezuela), acompañados por figuras internacionales como el economista Alberto Acosta (Ecuador), Yuvelis Morales (Premio Goldman 2026, Colombia), Tatiana Roa (Pacto Ecosocial del Sur, Colombia), Alfredo Wagner (Universidad Estatal de Maranhão y la Universidad Estatal de Amazonas, Brasil) y Mariluz Cañaquiri (lideresa Kukama, Perú, premio Goldman 2025), con la secretaría de Natalia Greene y la dirección de la Asamblea de Jueces a cargo de Francesco Martone. La acusación estuvo liderada por los Fiscales de la Tierra, el jurista Mario Melo, el abogado ecuatoriano Ramiro Ávila Santamaría y la abogada y activista boliviana Fátima Monasterio.

La sesión contó además con la intervención especial del Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos al Agua Potable, Pedro Arrojo-Agudo, quien advirtió: “El agua en buen estado no es un lujo de ricos, es una necesidad de supervivencia. Estamos caminando aceleradamente hacia un sendero de autodestrucción”.

“La tierra clama por justicia y lo hace en la voz de quienes componen la selva viva”, dijo Mario Melo al abrir los alegatos.

Seis territorios atrapados por la misma frontera petrolera

Los seis casos presentados ante el Tribunal muestran distintas expresiones de la expansión de la industria de los combustibles fósiles en la Amazonía y sus regiones de influencia:

Ecuador — XI Ronda Petrolera (Licitación en la Amazonía Centro-Sur): El Gobierno ecuatoriano pretende licitar cerca de 3 millones de hectáreas de bosque prístino pertenecientes a siete nacionalidades indígenas (Kichwa, Sápara, Andwa, Achuar, Shiwiar, Waorani y Shuar). Las comunidades denunciaron que los talleres informativos son presentados falsamente como “consulta previa”.

“¿Ustedes permitirían que alguien llegue a romper la puerta de su hogar o a llevarse a sus hijos? Nosotros defendemos nuestra casa”, increpó Alex Aldana, abogado y defensor achuar de Pastaza.

“La Madre Tierra llora igual que el ser humano. Cuando nos golpean, sale nuestra sangre; cuando golpean o cortan los árboles, la selva también llora”, testimonió Daniel Dagua, presidente de la Nación Andwa.

Perú — Lote 64 y Petroperú (Amazonía Norte – Loreto): Superpuesto sobre el 60% del territorio ancestral de las naciones Achuar, Wampís y Chapra, el Lote 64 ha dejado pasivos ambientales, piscinas de químicos abandonadas que contaminan los ríos y derrames sistemáticos a través del Oleoducto Norperuano.

“Para nosotros, nuestros ríos y bosques son nuestra farmacia y nuestro mercado. Al reactivar el lote estamos desangrando a nuestra madre. ¿Ustedes matarían a su propia madre? Nuestro territorio no tiene precio, así como nuestra vida no tiene precio. Seamos doctores de la tierra, no sus sicarios”, proclamó Olivia Bisa, presidenta de la Nación Chapra, denunciando además haber sufrido seis atentados contra su vida por defender su territorio.

Colombia — Pueblo U’wa (Boyacá, Casanare y Arauca): El pueblo U’wa expuso la amenaza de reactivación de pozos y bloques petroleros (como Gibraltar y Morfeo) en sus tierras sagradas, así como el incumplimiento del Estado colombiano respecto a la sentencia emitida en 2024 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“En nuestra cosmovisión, el petróleo es la sangre de la Madre Tierra; los humanos no podemos vivir sin sangre; si la extraemos, la tierra va a morir”, explicó Berito Kuwaru’wa, líder histórico U’wa.

Venezuela — Península de Paraguaná (Zona de Sacrificio): Décadas de operación del complejo refinador de PDVSA han convertido a esta península en una “zona de sacrificio”, caracterizada por mecheros (quemas de gas) encendidos las 24 horas, lluvia negra, gases tóxicos, derrames continuos en el Golfete de Coro y altos índices de cáncer y enfermedades respiratorias, todo bajo una estricta censura y persecución estatal.

“Los pescadores son criminalizados por denunciar los derrames. Tienen más miedo de ser encarcelados por el Estado venezolano que de los peligros del mar. Si no se detiene la contaminación, el Golfete será una zona muerta”, alertaron los investigadores Erick Camargo y Emiliano Terán.

Bolivia — Reserva Nacional Tariquía (Tarija): El Estado boliviano ha modificado la zonificación de esta área protegida y reserva hídrica para permitir el ingreso de petroleras como Petrobras y YPFB (bloques Astilleros, Churumas y San Telmo Norte), judicializando a los comuneros campesinos que se oponen.

“Vivimos en Estados esquizofrénicos que declaran un área como reserva natural para protegerla y al mismo tiempo entregan concesiones petroleras en el mismo lugar, haciendo pelear a padres e hijos”, enfatizó el juez Alberto Acosta, respaldando el testimonio del dirigente Ali Albino Mercado.

Brasil — Foz do Amazonas (Costa Marino-Amazónica): Petrobras busca abrir una nueva frontera petrolera en altamar (Bloque 59 y otros 47 bloques) frente a la desembocadura del río Amazonas, amenazando arrecifes de coral únicos, manglares y la soberanía alimentaria de pueblos indígenas y pescadores tradicionales.

“Cada pez que muere es una parte de nosotros que también muere. Con las pruebas sísmicas y la amenaza petrolera, la abundancia se acabó y hoy sufrimos la falta de alimento”, declaró Nelson Bastos, pescador tradicional y doctor en agricultura familiar.

Un patrón común detrás de seis casos

Aunque cada territorio presenta una realidad específica, el Tribunal identificó patrones compartidos en los seis casos: la fragmentación administrativa de ecosistemas indivisibles como “bloques” o “puntos en un mapa” para ocultar impactos acumulativos; la falta o insuficiencia de consulta, consentimiento y participación, reemplazada por reuniones informativas o entrega de dádivas; la ocultación o inaccesibilidad de información; la ausencia de evaluaciones integrales, acumulativas e independientes; la contaminación y el riesgo de daños irreversibles; la afectación del agua, la pesca, la alimentación, la salud y las funciones ecológicas; y la intimidación o criminalización de quienes defienden los territorios, hasta llegar incluso al asesinato, como en el reciente caso del líder indígena venezolano Julio Rodríguez  denunciado en la apertura de la sesión. El Tribunal subrayó además que el conocimiento indígena y comunitario no debe ser considerado una referencia secundaria, sino un saber experto que debe dialogar en condiciones de dignidad con la evidencia científica.

A partir de las pruebas y testimonios presentados, el Tribunal reconoció una vulneración sistemática y continua de los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos y comunidades ancestrales en todos los casos escuchados, calificándolos de ecocidio y etnocidio. 

Las conclusiones  y recomendaciones del Tribunal: la Amazonía como sujeto integral de derechos y territorio libre de combustibles fósiles

Denunciando que las actividades extractivas tienen efectos catastróficos sobre la Naturaleza y los pueblos indígenas por su escala e impacto profundo, poniendo en riesgo la vida en todas sus formas y configurando crímenes de ecocidio y etnocidio debido a la pérdida de territorios, la destrucción de medios de vida, la ruptura del tejido comunitario y la amenaza a la relación ancestral y espiritual de las comunidades con sus territorios;

Destacando que la violación sistemática del derecho a la consulta previa, libre e informada viene acompañada del hostigamiento, persecución y criminalización de quienes defienden los territorios a nivel individual y colectivo, patrón que responde a la subordinación general de los derechos conquistados por las comunidades ante los intereses económicos de las empresas extractivas, cediendo incluso las áreas naturales protegidas;

Reconociendo que las obras de infraestructura petrolera están interconectadas y no pueden analizarse como proyectos aislados, pues forman un solo modelo extractivista que causa crímenes sistémicos contra la Naturaleza y los pueblos, poniendo en riesgo las bases mismas de la vida;

El panel de jueces del Tribunal:

• Ratifica que los casos escuchados constituyen profundas vulneraciones a la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra (Cumbre de Cochabamba, 2010) —jurisprudencia de este Tribunal— y a los derechos de los pueblos y comunidades ancestrales.
• Determina que los impactos actuales y proyectados de las actividades de extracción de combustibles fósiles sobre la Madre Tierra y los pueblos se configuran como crímenes de ecocidio y etnocidio.
• Declara a la Amazonía como Sujeto Integral de Derechos y Zona de Exclusión Total de Combustibles Fósiles, y demanda la reparación integral a las comunidades y ecosistemas afectados.
• Exhorta a los Estados al cumplimiento inmediato de las consultas populares en Ecuador (incluyendo el retiro de la infraestructura petrolera del Yasuní, así como las consultas de Girón, Cuenca y el Distrito Metropolitano de Quito) y de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular la del pueblo U’wa de Colombia.
• Exhorta a los Estados a respetar y proteger el derecho a defender la Naturaleza, persiguiendo cualquier forma de amenaza o hostigamiento contra personas o comunidades defensoras, y reconociendo formalmente a las guardias y sistemas de autogobierno indígena.
• Se compromete a enviar la sentencia definitiva a los Gobiernos de la región amazónica, a las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como a acompañar, en el ámbito de sus competencias, el proceso de ejecución de la misma.

Francesco Martone cerró la sesión con una definición del propósito del Tribunal: “Lo que se ha escuchado hoy es la confirmación de que el modelo capitalista extractivista mata la Naturaleza y los pueblos. Nuestra tarea es restituir derechos.”

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