Este ecosistema se encuentra gravemente amenazado y cada vez más cerca de un posible punto de colapso debido a múltiples presiones que alteran su equilibrio ecológico, entre ellas la deforestación causada por la agroindustria, la extracción de madera, la expansión de la frontera extractiva, las megainfraestructuras, así como la contaminación de los ríos, la caza ilegal,  la minería ilegal, la invasión de tierras indígenas y el desplazamiento forzado de comunidades locales.

Uno de los principales impulsores de estas dinámicas destructivas es la industria de los combustibles fósiles. La evidencia científica demuestra que la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) es la principal causa del calentamiento global observado desde mediados del siglo XX.

Actualmente, la Amazonía representa una de las principales fronteras de expansión mundial para la exploración y extracción de petróleo y gas, con proyectos activos en Brasil, Surinam, Ecuador, Colombia y Perú. Cerca de una quinta parte de las reservas mundiales de petróleo y gas descubiertas entre 2022 y 2024 se encuentran en la Amazonía y sus regiones costeras. Los lotes petroleros ocupan el 9,4 % de la superficie amazónica y la región pasó de concentrar 327 lotes de crudo en 2012 a 369 en 2020, lo que representa un incremento del 13%. 

A finales de 2025, Brasil, que alberga aproximadamente el 60 % de la Amazonía, autorizó nuevas exploraciones para perforaciones en aguas profundas frente a la costa amazónica. Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador también han impulsado nuevas actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en sus territorios amazónicos. 

La expansión de la frontera fósil en la Amazonía continúa siendo respaldada por mecanismos de financiamiento público y privado, incluidos subsidios, transferencias presupuestarias, exenciones fiscales, garantías crediticias y esquemas de aseguramiento. Según el informe de Stand.earth de 2024, los cinco principales financiadores de las perforaciones de petróleo y gas en la Amazonía son Citibank, JPMorgan Chase, Itaú Unibanco, Santander y Bank of America.

Frente a esta situación alarmante, se han multiplicado los esfuerzos de comunidades, pueblos indígenas, movimientos sociales y organizaciones ambientales para poner freno al avance de la frontera extractiva. Desde la iniciativa de mantener el petróleo bajo tierra en el Yasuní, hasta los avances impulsados por Colombia en materia de transición energética y protección de territorios indígenas, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre cambio climático y derechos humanos, y el reciente pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia sobre las obligaciones de los Estados frente al cambio climático, estos procesos evidencian una creciente convergencia internacional en torno a la necesidad de superar la dependencia de los combustibles fósiles y fortalecer la protección de los ecosistemas amazónicos.

El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza ya ha analizado y expresado su preocupación sobre la situación de la Amazonía en múltiples ocasiones, incluyendo las audiencias internacionales de Quito, Lima, París, Bonn y Toronto, así como durante sus sesiones regionales de Chile y Europa. Durante su audiencia en Glasgow, el Tribunal también decidió enviar una delegación al territorio amazónico para conocer de primera mano las realidades y afectaciones provocadas por el extractivismo.

Allí se declaró:

“Frente a este panorama, no nos rendimos. Resistimos, luchamos, soñamos y, sobre todo, construimos. Construimos Territorios Libres de Combustibles Fósiles como una forma concreta de detener la expansión del extractivismo y de abrir caminos hacia otros mundos posibles (…). Al mismo tiempo, afirmamos que no solo resistimos: también proponemos. Existen ya alternativas vivas en nuestros territorios, basadas en economías comunitarias, agroecología y energías gestionadas por los propios pueblos. Son caminos que priorizan la vida, la justicia social y el equilibrio con la naturaleza por encima de la acumulación de capital”.

Como expresión concreta de estas amenazas y de las resistencias que emergen desde los territorios, el Tribunal escuchará los siguientes casos representativos de distintos países de la cuenca amazónica:

En continuidad con la Declaración de los Derechos de la Amazonía adoptada durante el XI Foro Social Panamazónico y con el Nuevo Compromiso con la Madre Naturaleza proclamado en Belén, en Brasil, en la antesala de la COP30, el Tribunal articuló esfuerzos durante la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, celebrada en Santa Marta, Colombia.

En ese marco, el Tribunal acompañó diversas iniciativas impulsadas por movimientos sociales, organizaciones ambientales y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Conferencia sobre Territorios Libres de Combustibles Fósiles. Este espacio reunió a pueblos indígenas, organizaciones, colectivos y representantes de territorios afectados por la extracción petrolera en la Amazonía para fortalecer la articulación y construir estrategias comunes de acción.