Nancy Yánez (Chile)

Nancy Yáñez es abogada y tiene una maestría en Derecho Internacional mención Derecho Humanos y es Doctora en Derecho (su tesis fue sobre el modelo chileno de agua en el 2014). Integró la  Comisión Especial de Pueblos Indígenas (1990 – 1993). Fue colaboradora de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas (2003). Fundadora y Co – Directora del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas y del Observatorio Ciudadano.

Ha asumido la representación legal de comunidades indígenas, campesinos y pescadores artesanales en instancias judiciales y administrativas, a nivel nacional e internacional.

Ha escrito varios libros y artículos sobre los derechos de los pueblos indígenas, el territorio y el agua. Es profesora de la cátedra de Antropología Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y directora del Centro de Derechos Humanos de la misma Facultad.

Patricia Gualinga (Ecuador)

Patricia Gualinga es defensora de los derechos de los nativos y de la Madre Tierra, y ex líder de asuntos exteriores del pueblo nativo Kichwa de Sarayaku, una comunidad ubicada en la Amazonía ecuatoriana. El liderazgo de Patricia ha contribuido a la lucha del pueblo Kichwa de Sarayaku por la protección del Bosque Viviente en sus territorios ancestrales. Patricia Gualinga presentó un caso histórico ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) que finalizó en 2012. El pueblo nativo kichwa de Sarayaku ahora enfrenta otras amenazas, como la extracción de petróleo por parte de compañías chinas en su territorio, y el largo conflicto sobre el explotación de la cuenca sagrada de Bobonanza. Patricia es conocida a nivel nacional e internacional debido a su trabajo continuo en la defensa de los derechos de las personas nativas y el llamado que hizo para ampliar el llamado a mantener los combustibles fósiles bajo tierra en la Amazonía.

Felício Pontes Jr. (Brasil)

Es el Procurador de la República del Brasil. Obtuvo su título de abogado de la Universidad Federal de Brasil, y su Maestría en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Empezó su carrera como abogado para el Centro de la Defensa de los Derechos Humanos Bento Rubião (RJ) cuando estaba cursando su maestría. Entró el Ministerio Público. Como Procurador en Santarém, en el Noroeste del Estado de Pará, en 2007. Desde el 2000 en adelante, se trasladó a Belém, donde fue Procurador Regional para los Derechos Ciudadanos, Procurador Regional, y Procurador Jefe. En el 2015, fue ascendido a Procurador de la República, siendo así trasladado a Brasilia. Siempre ha tratado temas relacionados con la defensa de los derechos de las comunidades, particularmente la defensa de las comunidades indígenas a través de la Amazonía. Desde el 2001 viene denunciado las irregularidades cometidas por la asociación entre el gobierno federal y las grandes corporaciones involucradas en el proyecto hidroeléctrico Belo Monte.

Natalia Greene (Ecuador)

Natalia Greene, nacida en Quito-Ecuador de profesión Politóloga cursó sus estudios superiores en Ciencias Políticas y Economía Internacional en Hampshire College, Amherst-EE.UU y en el Institut d’Etudes Politiques, Paris-Francia. Impulsó el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza en la Constitución del Ecuador. Tiene una Maestría en Ciencias Sociales con especialización en Ciencias Políticas en FLACSO-Ecuador y una Maestría en Cambio Climático y Desarrollo Sostenible en la UASB. Fue Consultora de la Iniciativa Yasuní-ITT y actualmente es consultora de Derechos de la Naturaleza, punto focal en Ecuador de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza y miembro de su Comité Ejecutivo. Ha sido la Secretaria de los Tribunales Internacionales de Derechos de la Naturaleza. Fue Coordinadora Ejecutiva de la Unidad de Información Socioambiental de la Universidad Andina Simón Bolívar y docente en Energías Renovables. Fue presidenta de CEDENMA (2011-2013 y 2018-2020), la Coordinadora Ecuatoriana para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente, CEDENMA, es coordinadora de la Plataforma Nacional de Justicia Climática y actualmente (2020-2021) fue reelegida vicepresidenta de CEDENMA. También trabaja con Fundación Pachamama en la Iniciativa de las Cuencas Sagradas y coordina el equipo regional y el Observatorio de los Derechos de la Naturaleza en Ecuador.

En febrero de 2020 representantes de los pueblos indígenas de la chiquitanía presentaron un proyecto de ley y uno de Decreto Supremo  para la abrogación de este paquete de normas, señalado por las organizaciones como las que el 2019 propiciaron el incendio de más de 5 millones de hectáreas del territorio nacional y afectaron a más de 47 comunidades de los pueblos indígenas chiquitano, ayoreo, guarayo, cayubaba, baures, sironó y araona.

Las organizaciones indígenas y la sociedad civil presentaron, en diciembre de 2019, una denuncia por Ecocidio en la Amazonía y en la Chiquitanía ante la 5ta sesión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. La admisión de la demanda fue dada a conocer al Estado de Bolivia en enero de este año y en ella solicitaron la abrogación o modificación del paquete de normas señaladas por las organizaciones indígenas y de la sociedad civil como las causantes de los incendios en Bolivia durante el segundo semestre del 2019.

El Tribunal solicitó, a las autoridades bolivianas, información sobre las siguientes normas:

• Ley N° 1171 del 25 de abril de 2019 de “Uso y Manejo Racional de Quemas”,
• Ley Nº 741 del 29 de septiembre de 2015 que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas,
• Ley Nº 1098 del 17 de septiembre de 2018 sobre Aditivos de Origen Vegetal,
• Decreto Supremo 3874 de abril de 2019 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento HB4 y Soya evento Intacta para la producción de Aditivos de Origen Vegetal – Biodiesel, y
• Decreto Supremo 3973 del 10 de junio de 2019 que autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias.