Caso Chiquitania, Chaco Y Amazonia Vs. Estado Plurinacional De Bolivia

Introducción

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) escuchó y admitió el caso de la Chiquitanía como parte del caso Amazonía el 5 de diciembre de 2019 en su 5ta sesión en Santiago de Chile.

En comunicación de 13 de enero 2020 a las autoridades bolivianas, el Tribunal adjuntó el veredicto de en la cuál se solicitaba la abrogación de ciertas disposiciones legales que alentaron y facilitaron las quemas del año 2019 y anunciaba su visita a la Chiquitanía, dando seguimiento a uno de los compromisos señalados en el veredicto, respondiendo al pedido de los presentadores del caso.

Debido a la pandemia del covid-19, la delegación del Tribunal Internacional, que tenía prevista una visita in situ para marzo del presente año, tuvo que postergar su viaje. Sin embargo, el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza prevee realizar una audiencia en línea del caso para recabar información y llegar a una sentencia, la misma que se desarrollará el 17, 18 y 20 de agosto por zoom de 16h00-18h00 (hora Bolivia).

Los jueces para esta audiencia serán: Nancy Yánez (Chile), Felicio Pontes (Brasil) y Patricia Gualinga (Ecuador).  Actuará como Secretaria del Tribunal, Natalia Greene (Ecuador) y Fátima Monasterio (Bolivia) como Fiscal de la Tierra.

Presentación

Grandes incendios forestales ocurren cada año en los trópicos, muchos de los cuales son una parte natural del régimen ecológico de los bosques, pero todos se ven exacerbados por los efectos del cambio climático, lo que lleva a un patrón insostenible que no permite que los bosques se recuperen de la temporada periódica de quema. Sin embargo, durante 2019, estos incendios crecieron a niveles sin precedentes, destruyendo regiones de la selva amazónica, la Chiquitanía boliviana y los humedales del Pantanal de Brasil y Paraguay a una escala nunca antes vista.

El modelo económico agroexportador basado en todos los países de América Latina es directamente responsable de estos incendios. Las prácticas que conforman este modelo extractivista incluyen, entre otras, la producción de cultivos de soja, la deforestación, la industria maderera, políticas de protección débiles o inexistentes y, en algunos casos, políticas que abiertamente fomentan la deforestación y la quema.

La Chiquitanía boliviana y el Pantanal, parte de la Cuenca Amazónica, son ecosistemas únicos que en conjunto comprenden una porción significativa de todas las áreas naturales en la mitad sur de América Latina, cuya destrucción sería una pérdida irreparable para el planeta. En el caso de la Chiquitanía, comprende el bosque tropical árido más grande del planeta. Debido a su tamaño relativo, los incendios en la Chiquitanía y el Pantanal representan una amenaza aún mayor para sus existencias que los incendios del Amazonas. Además, debido a que son menos conocidos que el Amazonas, estos incendios forestales no han logrado atraer la preocupación y la atención internacionales que los que estaban en el Amazonas.

En cuanto a la Chiquitanía, no solo no se le otorga el estatus de protección en la ley boliviana, sino que el estado la ve como un lugar para expandir la “frontera agrícola”. En 2019, se aprobaron dos leyes clave en Bolivia que condujeron al aumento dramático de los incendios forestales en la región, el Decreto Supremo 3973 y la Ley 741, que otorgan a los agricultores un reinado libre para realizar tala y quema, una práctica en la que las partes del bosque se prende fuego a propósito para dejar espacio para el pastoreo de ganado.

La tala y quema es particularmente dañina en una región como la Chiquitanía porque, en primer lugar, con la aridez de la región durante los meses de verano, las supuestamente “quemaduras controladas” casi nunca permanecen dentro de sus áreas previstas, y se extienden fuera de todo control, y en segundo lugar porque el daño que causan es permanente: la flora nativa de crecimiento lento es reemplazada por pasto y otras plantas pioneras, que aparecen rápidamente después de un incendio.

Debido a los límites del derecho internacional, sería imposible que una sola legislación aborde el tema de los incendios forestales provocados por el hombre en los trópicos. Sin embargo, es importante entender que aunque el problema está contenido dentro de un marco legal diferente en cada país, el problema es esencialmente el mismo en todos los territorios: políticas gubernamentales que, al priorizar la industria sobre el derecho a la vida de sus ciudadanos o sus territorio, han alterado los equilibrios ecológicos fundamentales, causando la quema de millones de seres vivos no humanos y la destrucción de sus hábitats en una de las acciones más terroríficas contra la vida en el planeta.

Panel del Tribunal

Los jueces para esta audiencia serán: Nancy Yánez (Chile), Felicio Pontes (Brasil) y Patricia Gualinga (Ecuador).  Actuará como Secretaria del Tribunal, Natalia Greene (Ecuador) y Fátima Monasterio (Bolivia) como Fiscal de la Tierra.

Jueces

Nancy Yánez (Chile)

Nancy Yáñez es abogada y tiene una maestría en Derecho Internacional mención Derecho Humanos y es Doctora en Derecho (su tesis fue sobre el modelo chileno de agua en el 2014). Integró la  Comisión Especial de Pueblos Indígenas (1990 – 1993). Fue colaboradora de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas (2003). Fundadora y Co – Directora del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas y del Observatorio Ciudadano.

Ha asumido la representación legal de comunidades indígenas, campesinos y pescadores artesanales en instancias judiciales y administrativas, a nivel nacional e internacional.

Ha escrito varios libros y artículos sobre los derechos de los pueblos indígenas, el territorio y el agua. Es profesora de la cátedra de Antropología Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y directora del Centro de Derechos Humanos de la misma Facultad.

Patricia Gualinga (Ecuador)

Patricia Gualinga es defensora de los derechos de los nativos y de la Madre Tierra, y ex líder de asuntos exteriores del pueblo nativo Kichwa de Sarayaku, una comunidad ubicada en la Amazonía ecuatoriana. El liderazgo de Patricia ha contribuido a la lucha del pueblo Kichwa de Sarayaku por la protección del Bosque Viviente en sus territorios ancestrales. Patricia Gualinga presentó un caso histórico ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) que finalizó en 2012. El pueblo nativo kichwa de Sarayaku ahora enfrenta otras amenazas, como la extracción de petróleo por parte de compañías chinas en su territorio, y el largo conflicto sobre el explotación de la cuenca sagrada de Bobonanza. Patricia es conocida a nivel nacional e internacional debido a su trabajo continuo en la defensa de los derechos de las personas nativas y el llamado que hizo para ampliar el llamado a mantener los combustibles fósiles bajo tierra en la Amazonía.

Felício Pontes Jr. (Brasil)

Es el Procurador de la República del Brasil. Obtuvo su título de abogado de la Universidad Federal de Brasil, y su Maestría en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Empezó su carrera como abogado para el Centro de la Defensa de los Derechos Humanos Bento Rubião (RJ) cuando estaba cursando su maestría. Entró el Ministerio Público. Como Procurador en Santarém, en el Noroeste del Estado de Pará, en 2007. Desde el 2000 en adelante, se trasladó a Belém, donde fue Procurador Regional para los Derechos Ciudadanos, Procurador Regional, y Procurador Jefe. En el 2015, fue ascendido a Procurador de la República, siendo así trasladado a Brasilia. Siempre ha tratado temas relacionados con la defensa de los derechos de las comunidades, particularmente la defensa de las comunidades indígenas a través de la Amazonía. Desde el 2001 viene denunciado las irregularidades cometidas por la asociación entre el gobierno federal y las grandes corporaciones involucradas en el proyecto hidroeléctrico Belo Monte.

Natalia Greene (Ecuador)

Natalia Greene, nacida en Quito-Ecuador de profesión Politóloga cursó sus estudios superiores en Ciencias Políticas y Economía Internacional en Hampshire College, Amherst-EE.UU y en el Institut d’Etudes Politiques, Paris-Francia. Impulsó el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza en la Constitución del Ecuador. Tiene una Maestría en Ciencias Sociales con especialización en Ciencias Políticas en FLACSO-Ecuador y una Maestría en Cambio Climático y Desarrollo Sostenible en la UASB. Fue Consultora de la Iniciativa Yasuní-ITT y actualmente es consultora de Derechos de la Naturaleza, punto focal en Ecuador de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza y miembro de su Comité Ejecutivo. Ha sido la Secretaria de los Tribunales Internacionales de Derechos de la Naturaleza. Fue Coordinadora Ejecutiva de la Unidad de Información Socioambiental de la Universidad Andina Simón Bolívar y docente en Energías Renovables. Fue presidenta de CEDENMA (2011-2013 y 2018-2020), la Coordinadora Ecuatoriana para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente, CEDENMA, es coordinadora de la Plataforma Nacional de Justicia Climática y actualmente (2020-2021) fue reelegida vicepresidenta de CEDENMA. También trabaja con Fundación Pachamama en la Iniciativa de las Cuencas Sagradas y coordina el equipo regional y el Observatorio de los Derechos de la Naturaleza en Ecuador.

Audiencia en línea Bloque 1, 17/08/2020

Audiencia en línea Bloque 2, 18/08/2020

Audiencia final, 20/08/2020

Se han convocado a participar a las organizaciones y comunidades de la Chiquitanía, directamente afectadas, así como a las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia.

La audiencia se transmitió en vivo por el facebook @rightsofnaturetribunal

A continuación la agenda de la audiencia:

Documentos de la Audiencia

El TIDN determina que los incendios de 2019 en la Chiquitania fueron un ecocidio provocado por autoridades y el agronegocio

Programa Audiencias TIDN

Presentación TIDN

Presentación OMICH

Incendios en la Chiquitanía OICH

Caso Tucabaca

Reserva municipal de vida silvestre UCPN Valle Tucabaca

TIDN Afectación ecosistemas APs consecuencias ambientales CBLPZ

Testimonios de la población civil TIDN

Presentación Normas incendios CICOL

Informe de la OICH al TIDN

Informe al TIDN

Informe al TIDN Normativa incendiaria CICOL

Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz

Ecocidio en la Chiquitanía

Declaratoria de emergencia

Caso TIDN Ñembiguasu

Caso de afectación de incendios forestales en San Ignacio

Carta jueces del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza

Afectación a los ecosistemas y áreas protegidas

Legislación

En febrero de 2020 representantes de los pueblos indígenas de la chiquitanía presentaron un proyecto de ley y uno de Decreto Supremo  para la abrogación de este paquete de normas, señalado por las organizaciones como las que el 2019 propiciaron el incendio de más de 5 millones de hectáreas del territorio nacional y afectaron a más de 47 comunidades de los pueblos indígenas chiquitano, ayoreo, guarayo, cayubaba, baures, sironó y araona.

Las organizaciones indígenas y la sociedad civil presentaron, en diciembre de 2019, una denuncia por Ecocidio en la Amazonía y en la Chiquitanía ante la 5ta sesión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. La admisión de la demanda fue dada a conocer al Estado de Bolivia en enero de este año y en ella solicitaron la abrogación o modificación del paquete de normas señaladas por las organizaciones indígenas y de la sociedad civil como las causantes de los incendios en Bolivia durante el segundo semestre del 2019.

El Tribunal solicitó, a las autoridades bolivianas, información sobre las siguientes normas:

  • Ley N° 1171 del 25 de abril de 2019 de “Uso y Manejo Racional de Quemas”,
  • Ley Nº 741 del 29 de septiembre de 2015 que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas,
  • Ley Nº 1098 del 17 de septiembre de 2018 sobre Aditivos de Origen Vegetal,
  • Decreto Supremo 3874 de abril de 2019 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento HB4 y Soya evento Intacta para la producción de Aditivos de Origen Vegetal – Biodiesel, y
  • Decreto Supremo 3973 del 10 de junio de 2019 que autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias.
Llamado a la acción

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ENDORSE RoN TRIBUNAL
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Veredicto

En el caso Chiquitania, Chaco y Amazonia (en adelante ‘partes demandantes’ o ‘demandantes) vs. Estado Plurinacional de Bolivia (en adelante también ‘el Estado’ o ‘Bolivia’), el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, (en adelante ‘el Tribunal’ o ‘el Tribunal Internacional’), en virtud de la audiencia llevada a cabo los días 17 y 18 de agosto de 2020, dicta el siguiente veredicto.

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