El proceso ya tenía como antecedente el despojo de la aristocracia latifundista y colonial chilena, pero fue en 1980 cuando la Constitución Política de la República formulada por la junta militar de Augusto Pinochet estableció que los derechos de aguas otorgan propiedad a sus titulares, mediante el artículo 19 N°24 inciso final. Misma Constitución que no reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. A su vez, los mencionados derechos de aguas, se crean por el Código de Aguas en 1981, código que al separar jurídicamente el agua de la tierra, otorgó a ciertos particulares, de manera gratuita y perpetua, el “derecho de aprovechamiento” de las aguas, en conformidad a sus disposiciones. Ahora bien, pese a esta privatización, y de forma totalmente contradictoria, el agua sigue siendo considerada en ese código como un “bien nacional de uso público” en Chile, es decir, un bien cuyo dominio y uso “pertenece a la nación toda”.

El derecho positivo en Chile es tajante, o se es cosa o se es persona, y en esa clasificación el agua ha quedado al régimen de las cosas apropiables, respecto de las cuales se puede constituir un derecho de Propiedad. De esta forma, el agua es un objeto más de dominio humano. Paradigma de recurso que, además, vulnera las cosmovisiones ancestrales que habitan nuestro país, las cuales comprenden las aguas como parte de los ciclos vitales de la pacha mama y fuente de la existencia de todas las vidas.