El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza presentó hoy, 27 de mayo de 2026, la sentencia de su 13.º Tribunal Local, celebrado en noviembre de 2024 en la provincia de Corrientes, Argentina, y que se puede ver aquí. La sentencia, aprobada por la Asamblea de Jueces del Tribunal, declara que el modelo forestal industrial basado en monocultivos de pino y eucalipto ha provocado y continúa provocando un ecocidio en ese territorio, violando los Derechos de la Naturaleza y los derechos de las comunidades campesinas e indígenas que lo habitan.

La sentencia fue presentada en una audiencia pública virtual con la participación de la Fiscal de la Tierra Renata Nicora Chequin (bióloga de la organización Defensores del Pastizal), los jueces Enrique Viale (abogado ambientalista, Argentina) y Jaqueline Arriagada  (campesina y activista, Chile), el coordinador de la Asamblea de Jueces del Tribunal Francesco Martone, Sergio Baffoni de Environmental Paper, Dulcinea Lezcano de la organización Defensores del Pastizal de Corrientes, y testimonios de comunidades afectadas y personas defensoras de los territorios como Chochón Romero, Mario Benjamín Jara y su madre Chavela Ríos, defensores correntinos, así como Janny Figueroa, defensora de Chile, América Niño del Territorio de Vida Interétnico e Intercultural de Cajibío (TEVIIC) de Colombia.

La sentencia completa del caso Corrientes está disponible en: bit.ly/sentencia-tribunal-corrientes. 

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Un ecocidio documentado

El Tribunal constató, con base en evidencia científica, testimonios de comunidades locales, incluyendo miembros de la comunidad indígena guaraní Mboi Kua, y peritajes técnicos, que la expansión de más de 516.000 hectáreas de plantaciones exóticas en Corrientes ha alterado gravemente los ciclos hidrológicos, destruido pastizales y humedales, diezmado poblaciones de fauna nativa, entre ellas especies como el tordo amarillo (Xanthopsar flavus), el aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) y el yetapá de collar (Alectrurus risora), y desplazado a comunidades rurales de sus territorios.

El fallo también documenta la responsabilidad directa del Estado nacional argentino y del Estado provincial de Corrientes, que promovieron activamente este modelo mediante incentivos fiscales y subsidios, mientras omitían sistemáticamente sus deberes de fiscalización ambiental.

Pastizales y humedales: sujetos de derechos

En una de las determinaciones centrales de la sentencia, el Tribunal declaró a los pastizales y humedales de Corrientes como sujetos de derechos, reconociendo su derecho a la existencia, a la regeneración y al mantenimiento de sus ciclos vitales. Esta declaración se fundamenta en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, aprobada en Cochabamba, Bolivia, en 2010, y en un creciente cuerpo de jurisprudencia regional que reconoce a la Naturaleza como entidad con derechos propios.

La sentencia afirma también que las plantaciones industriales de pino y eucalipto no son bosques: no reproducen la vida ni cumplen funciones ecosistémicas integrales, y su presentación como herramientas de mitigación climática, incluyendo los mercados de carbono, constituye una falsa solución que beneficia exclusivamente a grandes grupos económicos.

Medidas ordenadas

El Tribunal ordenó al Estado argentino —a nivel nacional y provincial— adoptar medidas urgentes para frenar y reparar los impactos del modelo forestal, entre ellas:

• Implementar de manera inmediata una moratoria a la expansión de especies exóticas invasoras y pirófitas, particularmente de los géneros Pinus y Eucalyptus.
• Desarrollar un plan integral de restauración y regeneración ecológica construido desde los territorios y con participación efectiva de las comunidades locales.
• Diseñar e implementar un plan de transición productiva hacia modelos agroecológicos compatibles con los ecosistemas nativos y las formas de vida campesinas y comunitarias.
• Incorporar el reconocimiento efectivo de los Derechos de la Naturaleza en la normativa interna y revisar el marco legal que habilitó la expansión irrestricta del modelo forestal.
• Garantizar los derechos al agua, al arraigo territorial y a la soberanía alimentaria de las comunidades afectadas.
• Erradicar de forma inmediata las condiciones de trabajo esclavo e infantil documentadas en la cadena forestoindustrial.

Un fenómeno regional

La sentencia de Corrientes se vincula formalmente con el caso Biobío (Chile, 2023), juzgado en el 11.º Tribunal Local del mismo Tribunal. Ambos casos evidencian un patrón regional: el modelo de monocultivos forestales de pino y eucalipto, implementado a gran escala en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, genera impactos estructurales sobre los ecosistemas, desplaza comunidades y viola los Derechos de la Naturaleza en distintos contextos territoriales.

Voces del proceso

Durante la presentación de la sentencia, Renata Nicora Chequin, Fiscal de la Tierra del Tribunal, bióloga e integrante de Defensores del Pastizal, señaló que la sentencia “no presenta solamente una sentencia, sino también el reclamo de un territorio, de la Naturaleza y de las comunidades que no pueden comparecer por sí mismas ante los sistemas tradicionales de justicia”.

Nicora Chequín explicó que “estamos ante una transformación profunda del paisaje y de las relaciones ecológicas y sociales en la provincia de Corrientes”. Asimismo, remarcó que la expansión de monocultivos forestales sobre humedales y pastizales “implica no sólo la muerte de la Naturaleza, alteraciones hidrológicas y degradación de suelos, sino también afectaciones directas a las comunidades campesinas”.

“La Naturaleza tiene derecho a existir, regenerarse y mantener sus funciones ecológicas. Ninguna actividad productiva puede justificarse si destruye los procesos que sostienen la vida. Si mata y contamina, no es progreso”, afirmó. Y concluyó: “Defender la Naturaleza no es oponerse al futuro. Es defender la posibilidad misma de tener futuro”.

Desde los territorios afectados en Corrientes, Chochón Romero destacó la importancia de que las comunidades rurales puedan finalmente ser escuchadas: “Hasta hoy no llegan a oídos de los funcionarios las medidas que necesitamos. Siguen destruyendo nuestras plantas nativas y nuestros territorios para plantar forestaciones”.

En un testimonio profundamente emotivo, Mario Benjamín, habitante de Corrientes afectado por el avance forestal, denunció las consecuencias del modelo extractivista sobre la vida cotidiana de las familias campesinas. “La tierra ya no nos responde, no tenemos agua. Los pájaros se fueron, los animales se fueron, y hoy lo que nos rodea es miseria”, expresó. “Nos quitaron el agua, la tierra, los pastizales. Pero no nos vamos a ir. Vamos a seguir luchando porque este es nuestro territorio y nuestra riqueza”.

Natalia Greene, secretaria del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, expresó solidaridad con las comunidades afectadas y afirmó que “no podemos permitir territorios ni personas de sacrificio”. También señaló que, aunque la sentencia representa una noticia importante, “el corazón sigue roto viendo cómo la situación empeora día tras día”.

Desde Chile, la activista Janny Figueroa advirtió que el caso de Corrientes refleja un patrón regional que lleva décadas profundizándose en territorios afectados por monocultivos forestales. “Esto es un ecocidio y también un etnocidio”, afirmó, recordando los impactos de los megaincendios en Biobío y denunciando que las comunidades continúan enfrentando desplazamiento, destrucción ambiental y abandono estatal.

La defensora colombiana América Niño también alertó sobre la expansión continental de este modelo extractivista. Relató cómo empresas forestales multinacionales reemplazaron bosques nativos por monocultivos de eucalipto y pino, provocando despojo territorial, criminalización y ruptura del tejido comunitario. “Este modelo transforma la relación de las comunidades con la tierra y convierte a quienes antes producían alimentos en asalariados de las empresas”, sostuvo.

Por su parte, el investigador Sergio Baffoni, de Environmental Paper Network, explicó que la expansión global de la industria papelera y de embalajes descartables está acelerando la destrucción de ecosistemas en América Latina. “Detrás de una caja de cartón hay apropiación de tierras, destrucción ambiental y violaciones de derechos humanos”, afirmó. Según indicó, la demanda de celulosa y embalajes sigue creciendo rápidamente, profundizando las zonas de sacrificio forestal en la región.

Jacqueline Arriagada, jueza del Tribunal, activista y campesina chilena, recordó que el modelo forestal fue impuesto en Chile “a sangre y fuego” desde la década de 1970, con apoyo estatal sostenido. “Vivir estas formas de extractivismo de muerte para la biodiversidad y las culturas rurales es un drama enorme”, señaló, y destacó la importancia de fortalecer la articulación latinoamericana contra los monocultivos forestales.

Por su parte, el abogado ambientalista Enrique Viale, juez del Tribunal, cuestionó el discurso empresarial que presenta las plantaciones industriales como “bosques”. “Un bosque es diversidad plena. Estas plantaciones son desiertos verdes”, afirmó. “Entrábamos a estas plantaciones y el silencio era atroz: no había pájaros ni animales, sólo clones de árboles diseñados para ser talados y exportados”. Viale también advirtió que los monocultivos “no vienen a salvarnos de la crisis climática”, sino que constituyen “zonas de sacrificio creadas para maximizar la ganancia de grandes corporaciones”.

Finalmente, Francesco Martone, coordinador de la Asamblea de Jueces del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, destacó que la sentencia “fortalece y consolida la resistencia al modelo forestal desde un enfoque basado en los Derechos de la Naturaleza”, y afirmó que el fallo busca generar “efectos concretos en los territorios” e incidir sobre gobiernos y empresas. “Cuando la sentencia afirma que los monocultivos no son bosques, lo hace en base a evidencia científica acumulada durante décadas de investigación y resistencias territoriales. Evidencia accesible a las empresas y al Estado, y aun así ignorada”.

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