Corrientes, noviembre de 2024 – El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza celebró el 8 de noviembre pasado su 13ª sesión local en la provincia de Corrientes, Argentina, tras una visita de campo por territorios afectados. Esta audiencia responde a una denuncia presentada por la organización local Defensores del Pastizal, que expuso los impactos negativos, tanto sociales como ambientales, del modelo de monocultivo forestal, particularmente los cultivos de pino y eucalipto en la región.

La problemática del modelo forestal es abordada en una perspectiva regional por el Tribunal, que ya había investigado el impacto de estos monocultivos en el 11º Tribunal local celebrado en Biobío, Chile, en enero de 2023. En esa ocasión, se verificaron los efectos devastadores de los monocultivos de eucalipto y pino, los cuales no solo contribuyen a la pérdida de biodiversidad y resiliencia ecosistémica, sino que además han facilitado incendios forestales de magnitud catastrófica, arrasando más de 45,000 hectáreas de bosque. Este modelo, replicado en Corrientes, Argentina, se ha convertido en una amenaza para el equilibrio ecológico y la seguridad de las comunidades.

Los testimonios en la audiencia del Tribunal

“Soñamos que se deje de usar la palabra bosque para describir a los monocultivos forestales, porque los bosques son vida”, declararon María Clara Gonzáles y Florencia Quijano, de Defensores del Pastizal. “El monocultivo forestal, en cambio, no tiene nada.” Esta distinción resuena en toda la región, donde la expansión descontrolada de estas plantaciones ha llevado a la desaparición de especies nativas y a la alteración profunda de los ecosistemas.

“La pérdida de biodiversidad es desenfrenada, con especies emblemáticas como el aguará guazú y el tordo amarillo en peligro de desaparecer,” denunció Tomás Camarasa, quien explicó cómo los monocultivos han reducido drásticamente los hábitats de estas especies, que son indicadores críticos de la salud de los pastizales. Camarasa también señaló el papel de empresas con certificaciones forestales, a menudo fraudulentas, que dominan el paisaje correntino, a pesar de no cumplir con los estándares básicos de sostenibilidad.

Ayalen Morales Michelin y Guadalupe Quiroz, investigadoras que han documentado los impactos de las plantaciones en el paraje Santa Bárbara, denunciaron que las comunidades se sienten aisladas. “Han perdido el acceso a agua potable y están expuestas a enfermedades causadas por los agrotóxicos. Las forestales marcan un antes y un después en la vida de este lugar.” Los testimonios revelan que hubo una gran cantidad de familias desplazadas, los caminos que llevan a estos parajes se encuentran casi intransitables por el pasaje de maquinaria forestal, y cuentan del silencio impuesto por la muerte de aves, en un contexto donde el acceso al agua y la agricultura de subsistencia se vuelven cada vez más precarios.

Nora Rosana Maciel, abogada y defensora ambiental, hizo un raconto de la normativa y un llamado a las autoridades provinciales para que fortalezcan los sistemas de control y revisión de las actividades forestales, con el objetivo de “delimitar la frontera agropecuaria y proteger los humedales y pastizales.” Maciel enfatizó la necesidad de una gestión ambiental efectiva y de respeto a los ecosistemas naturales.

Cristian Piriz, de Guardianes del Y’vera, destacó el rol de la industria forestal en la “acumulación de tierras a gran escala” por parte de corporaciones, incluyendo compañías internacionales, como la Universidad de Harvard, que controlan miles de hectáreas en la región. “Estamos pagando con nuestra tierra y agua para que los niños ricos de otros países estudien y después dominen el mundo,” expresó, exigiendo estudios de impacto ambiental rigurosos sobre las actividades de las empresas forestales en las cuencas de agua locales.

Los jueces del Tribunal también escucharon los emotivos testimonios de miembros de la comunidad como el de Sergio Daniel Miño, quien compartió cómo los incendios forestales provocados por la sequía y la explotación forestal afectan la vida cotidiana de los pobladores. “Hace dos años,  toda la zona de Corrientes se prendió fuego y así lo vivimos en carne propia. Vimos el fuego y el humo que nos rodeaba día y noche” señaló Miño, quien recordó cómo la sequía, exacerbada por el consumo de agua de los eucaliptos, ha dejado a las familias sin recursos para mantener sus huertas, y que los incendios afectaron la salud de los pobladores.

Los testimonios cerraron con la participación de Mario Benjamín Jara junto a su mamá Isabela “Chavela” Ríos, vecina de la zona de San Miguel que crió 14 hijos cuando existían las chacras y que vio cómo toda su comunidad pasó a vivir en carencia. “La colonia es nuestra, pero parece que somos nosotros los que molestamos”, dijo su hijo.

El veredicto del Tribunal

El Tribunal de los Derechos de la Naturaleza declaró que el modelo forestal actual en Argentina constituye un ecocidio. Según los jueces, este modelo “ha provocado y sigue provocando un ecocidio en el territorio y contra todos los seres vivos que lo habitan, humanos y no humanos”. Además, afirmaron que este modelo “viola los Derechos de la Naturaleza y los derechos humanos que se complementan mutuamente” y “viola sistemáticamente las débiles normas de protección ambiental y de las comunidades existentes en el país”. Los jueces denunciaron también que las plantaciones forestales “no son bosques, pues no reproducen la vida y constituyen parte de las falsas soluciones, como son los mercados de carbono y otras herramientas financieras que terminan solamente por beneficiar a los grandes grupos económicos dentro y fuera de la Argentina”.

El Tribunal instó al Estado argentino y a la provincia de Corrientes a realizar cambios profundos en su marco normativo para garantizar los derechos de la naturaleza, incluyendo “un plan de superación del actual modelo forestal” y “una moratoria o prohibición de establecimiento de especies invasoras y pirrófitas en el territorio”. También exigió “un plan de restauración y regeneración integral que nazca desde los territorios y espacios locales” y la erradicación de las “condiciones de trabajo esclavo inherentes a este modelo forestal, precarizado y que obliga al trabajo infantil”. Por último, en una decisión histórica, declararon que “los pastizales y humedales son sujetos de derechos y tienen derecho a que se respete integralmente su existencia, su entorno, su regeneración integral y el mantenimiento de sus ciclos vitales”.

La visita del Tribunal

El 7 de noviembre, los jueces y juezas del Tribunal realizaron una inspección in situ distintos parajes del departamento  de San Miguel. Allí, escucharon los testimonios de habitantes locales, como la comunidad indígena guaraní Mboi kua, que han experimentado en carne propia las afectaciones causadas por el modelo de monocultivo de pinos y eucaliptos en sus tierras, constatando posibles violaciones a los Derechos de la Naturaleza y a los derechos de sus defensores.

En la audiencia pública celebrada en el Espacio Mariño, en la ciudad de Corrientes, el Tribunal escuchó los testimonios de expertos y pobladores directamente afectados, quienes describieron las serias consecuencias ecológicas y sociales de este modelo productivo extractivista. Como resultado de esta audiencia, el Tribunal emitió un veredicto preliminar, que marca un precedente histórico para la provincia de Corrientes y para la protección de los ecosistemas de la región.

Los miembros del Tribunal que participaron en la audiencia incluyen a Alberto Acosta (Presidente del Tribunal y economista, Ecuador), Yuvelis Morales (lideresa socioambiental, Colombia), Enrique Viale (abogado ambientalista, Argentina), Jacqueline Arriagada (campesina y activista, Chile), Maximiliano Mendieta (abogado en Derechos Humanos, Paraguay), y Natalia Greene (Secretaria del Tribunal, Ecuador). La acusación estuvo a cargo de la Fiscal de la Tierra, Renata Nicora Chequin, bióloga de la organización Defensores del Pastizal, quien presentó el caso ante el Tribunal.

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