“Cuando defendemos la tierra, no estamos salvando a la Naturaleza. Somos la Naturaleza defendiéndose a sí misma — porque somos parte de la Naturaleza.”
— Hugo Jabini, defensor Saramaka de Suriname

En el décimo aniversario del asesinato de Berta Cáceres, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza convocó un webinar público que reunió a miembros del Tribunal y organizaciones aliadas para analizar la situación actual de las personas defensoras de la tierra y el ambiente, y presentar la Política del Tribunal sobre Defensores y Defensoras de la Madre Tierra y los Territorios.

El evento contó con la participación de:

• Francesco Martone, Coordinador de la Asamblea de Jueces del Tribunal
• Patricia Gualinga, lideresa Kichwa de Sarayaku y defensora histórica de los derechos territoriales indígenas
• Javier Garate, en representación de Global Witness
• Jorge Nawel, líder Mapuche y defensor territorial en representación del ICCA Consortium
• Adam Lunn, en representación de la Zero Tolerance Initiative
• Hugo Jabini, defensor Saramaka de Suriname

La discusión situó el legado de Berta Cáceres dentro de un patrón global más amplio de violencia, criminalización e impunidad estructural que afecta a quienes defienden la tierra, el agua y los ecosistemas.

Al abrir la sesión, Francesco Martone subrayó el principio jurídico y político que sustenta el trabajo del Tribunal:

“No se pueden separar el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza de los derechos de sus guardianes. Son dos cosas completamente interconectadas. La violación de los Derechos de la Naturaleza conlleva violaciones de los derechos de los pueblos, y viceversa.”

Esta interdependencia constituye el fundamento de la Política del Tribunal sobre Defensores y Defensoras de la Madre Tierra y los Territorios, que establece que la protección efectiva de la Naturaleza requiere garantías estructurales para quienes la defienden.

Los datos presentados durante el webinar por Javier Garate, de Global Witness, destacaron la magnitud y persistencia de los ataques: Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos per cápita para las personas defensoras ambientales. De los 94 casos documentados en el país, 90 ocurrieron después del asesinato de Berta Cáceres.

Estos hallazgos refuerzan la necesidad de medidas preventivas y estructurales, en lugar de respuestas reactivas o exclusivamente individuales.

Las y los panelistas abordaron el contexto político más amplio en el que ocurre la violencia. Los proyectos extractivos suelen avanzar con autorización estatal, mientras que las personas defensoras son estigmatizadas o procesadas por oponerse a la destrucción ambiental. El análisis del Tribunal identifica tanto la responsabilidad corporativa como la estatal en la creación de condiciones que permiten la violencia, ya sea a través de fallas regulatorias, falta de debida diligencia o mecanismos de protección ineficaces.

Desde Argentina, Jorge Nawel abordó la economía política que subyace a estos patrones:

“Ese bienestar momentáneo que prometen las regalías es en realidad una condena para nuestro futuro. No existe una multinacional que destruya territorio sin un Estado que le abra la puerta y una justicia que la legitime. En lugar de exigir al Estado que cumpla la ley, nos criminalizan por defender nuestro territorio.”

El problema no se limita a los ataques físicos. El acoso judicial y el uso indebido del derecho penal se han convertido en herramientas cada vez más frecuentes para debilitar la resistencia comunitaria.

Un tema central del webinar fue la necesidad de superar los modelos de protección exclusivamente individuales. Adam Lunn, representante de la Zero Tolerance Initiative, destacó que cuando las comunidades son atacadas colectivamente, la protección también debe ser colectiva.

La protección colectiva incluye sistemas comunitarios de alerta temprana, monitoreo territorial, estructuras de gobernanza indígena y estrategias de cohesión social arraigadas en conocimientos ancestrales.

La Política del Tribunal reconoce explícitamente la legitimidad y la importancia de estos sistemas colectivos.

La Política del Tribunal sobre Defensores y Defensoras de la Madre Tierra y los Territorios

La Política adoptada por el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza establece:

• Un enfoque centrado en la prevención
• El reconocimiento de sistemas de protección comunitarios e indígenas
• Un marco diferenciado para los Pueblos Indígenas
• Un llamado a garantías estructurales de seguridad y rendición de cuentas
• Alineación con estándares internacionales emergentes sobre personas defensoras ambientales

La Política sitúa la protección de personas defensoras dentro del desarrollo más amplio de la jurisprudencia de los Derechos de la Naturaleza, reconociendo que la innovación jurídica debe ir acompañada de salvaguardas prácticas para quienes están en la primera línea.

Diez años después del asesinato de Berta Cáceres, la urgencia persiste. Si bien ha habido avances en visibilidad, reconocimiento internacional y marcos normativos, los patrones de violencia e impunidad continúan en diversas regiones.

“El intento de callar su voz no ha tenido éxito. Berta sigue viva — en cada comunidad, en cada río que ha sido protegido, y en cada persona que empieza a ver a la naturaleza no como un recurso, sino como parte de nuestra existencia vital. Esta ya no es solo la lucha de los pueblos indígenas. Es una lucha de toda la humanidad.”
— Patricia Gualinga, defensora de Sarayaku y jueza del Tribunal

El webinar reafirmó que la defensa de la Naturaleza no es un proyecto jurídico abstracto. Es una lucha concreta, sostenida por comunidades cuya seguridad, dignidad y derechos colectivos deben ser garantizados.

La grabación completa del webinar está disponible en inglés y en español.
La Política de Defensores del Tribunal puede consultarse en la Biblioteca del Tribunal:
https://bit.ly/tribunal-library