Diciembre de 2025 — El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN) participó activamente en la Misión Civil de Observación sobre los impactos del proyecto Tren Maya en los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, cuyos resultados fueron presentados públicamente por un amplio grupo de organizaciones de la sociedad civil. El informe confirma, con evidencia directa y testimonios de comunidades afectadas, las graves violaciones socioambientales y culturales advertidas por el Tribunal desde su sesión en Valladolid (2023) y ratificadas en la resolución actualizada de septiembre de 2025.

El Tribunal también participó en la rueda de prensa mediante un mensaje del Presidente de la Asamblea de Jueces, Francesco Martone, integrante de la Misión de Observación, quien reiteró que el Tren Maya constituye “un auténtico etnocidio y ecocidio”, sustentado en un clima de violación de derechos, militarización, vacíos legales y violencia institucional. Martone recordó que en Valladolid el Tribunal reconoció de forma irrefutable la violación de los Derechos de la Naturaleza y de los derechos bioculturales del pueblo maya, responsabilizando al Estado mexicano por estos crímenes y ordenando medidas inmediatas de reparación integral.

El informe confirma las denuncias del Tribunal, y ahora también lo hacen las propias autoridades mexicanas

El Informe de la Misión Civil de Observación —elaborado por el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, U kúuchil k Ch’i’ibalo’on, Cenotes Urbanos, el CCMSS, el TIDN, Frayba, Kanan, Greenpeace México, Jaltun, OLAG, OMAL y Terravida— documenta impactos irreversibles en los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya. Entre los hallazgos más graves:

• Fragmentación del territorio y pérdida de conectividad ecológica.
• Deforestación masiva y destrucción de hábitats clave.
• Daños irreversibles a sistemas de cuevas y cenotes.
• Modificación de flujos hidrológicos y contaminación del agua.
• Violaciones sistemáticas al derecho a la consulta previa, libre e informada.
• Militarización y represión contra comunidades y defensores del territorio.
• Aceleración del cambio de uso de suelo y expansión de megaproyectos turísticos.

Estos hallazgos, verificados durante la misión del 7 al 11 de abril de 2025, coinciden punto por punto con lo diagnosticado por el Tribunal desde 2023, hecho que ahora ha sido corroborado incluso por instituciones del propio Estado mexicano.

Un reciente reportaje de El País del 1 de diciembre de 2025 reveló documentos internos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) que confirman los daños ambientales identificados por el Tribunal, así como la existencia de “un esquema de protección política y administrativa sin precedentes” para impedir inspecciones, fiscalización y clausuras a pesar de múltiples denuncias por tala ilegal, destrucción de selva, alteraciones hidrológicas y afectaciones a ecosistemas de alto valor ecológico.

Las autoridades ambientales mexicanas reconocen hoy públicamente la magnitud del daño: según datos oficiales, más de 7.2 millones de árboles fueron removidos, mientras estudios independientes elevan la cifra a más de 60 km² de selva deforestada.

Otro reportaje de El País amplía los hallazgos de la Misión, subrayando que el proyecto, de más de 1.500 km de vía, ha acelerado la deforestación, la fragmentación de ecosistemas y la destrucción de más de 125 cenotes y cuevas subterráneas, afectadas por la instalación de más de 15.000 pilares de metal y concreto en el Tramo 5. El artículo también confirma el avance de la ocupación militar y el abuso de poder por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Marina, señalando testimonios sobre vejaciones, extralimitación de funciones y control arbitrario de espacios públicos. Asimismo, documenta un proceso de especulación inmobiliaria y privatización del territorio, con incrementos de hasta 400% en el precio de predios colindantes a la vía, y el surgimiento de asentamientos irregulares y desarrollos de lujo sin permisos ambientales ni de uso de suelo. 

Estos hechos validan y refuerzan las conclusiones del Tribunal sobre la responsabilidad administrativa, civil y penal de las instituciones federales involucradas, tal como también señalan asesores legales citados por El País.

Resolución actualizada del Tribunal: cenotes como sujetos de derechos y medidas urgentes frente a las megagranjas porcinas

En septiembre de 2025, el Tribunal aprobó y entregó a la Misión Permanente de México ante Naciones Unidas una resolución actualizada, dirigida a la Presidenta Claudia Sheinbaum y a la Ministra Alicia Bárcena, que:

• Confirma la sentencia de Valladolid y los crímenes de ecocidio y etnocidio.
• Declara los cenotes como sujetos de derechos, dada su importancia vital para la vida y los ecosistemas peninsulares.
• Ordena la suspensión del proyecto y la desmilitarización de territorios indígenas.
• Exige el cese del despojo territorial, la protección de defensores y la restauración integral de ecosistemas dañados.

La resolución también incluye un dictamen ampliado sobre las megagranjas porcinas en Yucatán, cuyos impactos (contaminación del agua, destrucción del Anillo de Cenotes, pérdida de biodiversidad y afectaciones a la salud de comunidades humanas y no humanas) constituyen graves violaciones a los Derechos de la Naturaleza.

Entre las medidas solicitadas por el Tribunal destacan:

• Moratoria a nuevas megagranjas y desmantelamiento de las ubicadas sobre el Anillo de Cenotes.
• Declaratoria del Anillo de Cenotes como Patrimonio Mundial de la Humanidad.
• Restauración del agua y de los suelos contaminados.
• Garantizar el derecho a la consulta libre, previa e informada.
• Reconocer constitucionalmente los Derechos de la Naturaleza en Yucatán.

Hasta la fecha, el Tribunal no ha recibido ninguna respuesta oficial del Gobierno mexicano.

Testimonios desde los territorios

La misión también dio lugar a la cápsula testimonial: “Voces de Territorios”, producida por Jaltun.mx, que documenta mediante narrativas comunitarias los daños ya visibles en el territorio: pérdida de agua, destrucción de cuevas, afectaciones a la vida comunitaria, desplazamiento, interrupción de prácticas culturales y presencia militar constante.
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Convergencia de evidencias

Los hallazgos de la misión, la resolución del Tribunal y las revelaciones periodísticas recientes coinciden en un diagnóstico inequívoco:

El Tren Maya ha generado daños ambientales y socioculturales irreversibles, amparados por un esquema de protección institucional que violó sistemáticamente los derechos de las comunidades mayas y los Derechos de la Naturaleza.

El Tribunal reitera su llamado urgente a la reparación integral, la protección de defensores, la restitución de territorios y el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos indígenas, ambientales y bioculturales.

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