Neuquén, 5 de noviembre de 2024 – El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) presentó el lunes 4 de noviembre la sentencia oficial sobre el caso Vaca Muerta, en la cual se documentaron graves impactos del megaproyecto de fracking en la región patagónica de Argentina sobre la Naturaleza y los derechos  humanos. La presentación de la sentencia fue la culminación de un proceso que comenzó en diciembre de 2019 y que incluyó una visita de campo en marzo y abril de 2023 para recolectar evidencia en terreno.

La sentencia fue entregada ante diversas autoridades públicas y organismos oficiales, comenzando con la Gobernación de Neuquén, dónde también se convocó a la prensa frente a la Casa de Gobierno provincial, donde los y las jueces y juezas del Tribunal y organizaciones locales atendieron a los medios de comunicación.

Posteriormente, el Tribunal entregó el veredicto a las organizaciones sociales de Neuquén, como la Confederación Mapuche, Observatorio Petrolero Sur, APDH Neuquén, entre otras, y se hizo la presentación pública de la sentencia en la Universidad Nacional del Comahue de Neuquén, que puede verse aquí. La agenda del Tribunal continuó el día martes 5 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la presentación del veredicto ante colegas, periodistas, investigadores/as y representantes de la sociedad civil, y con la presentación del libro “La Naturaleza sí tiene derechos”, a cargo de sus autores, los jueces del Tribunal Alberto Acosta y Enrique Viale. 

El veredicto  

Entre las principales disposiciones del veredicto emitido por el Tribunal, se destaca el reconocimiento irrefutable de la violación a los Derechos de la Naturaleza y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos indígenas que ancestralmente han sido y continúan siendo protectores y guardianes de sus territorios, así como de las otras comunidades de habitantes en el territorio de Vaca Muerta. El veredicto releva también las afectaciones contra sus territorios, su biodiversidad y sus cultivos tradicionales, así como los daños provocados contra los seres no humanos que habitan sus ecosistemas, todo lo cual configura CRÍMENES DE ECOCIDIO Y ETNOCIDIO. 

Adicionalmente, condena a las autoridades del Estado Argentino desde 2012 hasta la fecha, al cese inmediato o suspensión preventiva y precautoria de aquellos proyectos e iniciativas que provoquen afectaciones estructurales contra el ambiente, como así también expresar preocupación sobre la desmilitarización de los territorios de comunidades campesinas e indígenas. 

También declara a los ríos Neuquén, Colorado Limay y Rio Negro como sujetos de derecho, por constituir la fuente hídrica más importante para la supervivencia de los pueblos, las comunidades y especies de animales y plantas en la región. 

Finalmente, exhorta al Poder Ejecutivo Nacional a iniciar una transición energética justa y popular, que incluya un abandono progresivo y ordenado de la explotación de combustibles fósiles, mientras promueve políticas orientadas hacia la construcción de matrices energéticas renovables, descentralizadas y desmercantilizadas. El Tribunal se compromete a suscribir e impulsar un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, que consiste en una iniciativa de la comunidad internacional para propone frenar y erradicar la expansión de petróleo, gas y carbón, mientras se acelera la transición a las energías renovables. 

Contexto y antecedentes

Vaca Muerta, una de las principales reservas de petróleo y gas no convencional del mundo, se ha convertido en un territorio de alta disputa. La explotación masiva mediante fracking en la región ha resultado en profundos impactos ambientales y sociales, particularmente para las comunidades locales, entre ellas los pueblos indígenas mapuches. Durante la visita de campo, la delegación del TIDN documentó denuncias de contaminación del agua y aire, afectaciones de salud en las comunidades, y la criminalización de la resistencia comunitaria frente al avance del extractivismo.

Los resultados preliminares de la visita, presentados ante el Congreso Nacional en 2023, ya habían puesto en evidencia una crisis ambiental y de derechos humanos. Las comunidades locales enfrentan la contaminación de fuentes de agua, movimientos sísmicos relacionados con el fracking y un acceso limitado a servicios básicos, como el agua potable. La presencia de basurales petroleros abandonados y el desmedido impacto de la industria en la biodiversidad reflejan un modelo de desarrollo basado en la explotación sin límites, que ha empobrecido a la región y puesto en riesgo el equilibrio ecosistémico y la salud de los habitantes.

La sentencia del TIDN sobre el caso de Vaca Muerta es un llamado urgente a repensar el modelo de explotación en la región y a defender los Derechos de la Naturaleza y de sus comunidades. Esta sentencia ética tiene como objetivo sentar un precedente en la lucha contra el extractivismo desmedido y plantea la necesidad de una transición justa y post-extractivista.

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