Fecha para la visita: 29 de marzo al 5 de abril 2023

Vaca Muerta, Neuquén, Río Negro: impactos de la expansión de la frontera extractiva, derechos de la Naturaleza y de los Pueblos Indígenas en la Patagonia – Argentina  

Entre el 29 de marzo y el 5 de abril de 2023, una delegación de jueces del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza visitó Vaca Muerta, en las provincias argentinas de Neuquén y Río Negro. La visita se centró en los impactos ambientales y de derechos humanos de la expansión de la industria del fracking extractivo en la región.

Durante la visita, la delegación se reunió con representantes del gobierno, empresas petroleras, organizaciones sociales y comunidades afectadas por la actividad. La agenda incluye visitas a la provincia de Neuquén, donde se ubica el megaproyecto Vaca Muerta y las empresas petroleras; a los vertederos petroleros de Neuquén Capital y Añelo, donde se ha reportado contaminación y almacenamiento ilegal de residuos tóxicos provenientes del fracking; a la Ruca Mapuche, para evaluar los impactos sobre el territorio y los derechos de los Pueblos Indígenas; ya la localidad de Sauzal Bonito, donde se han registrado movimientos sísmicos y se ha cuestionado la relación entre el fracking y los sismos.

Al término de la visita, la delegación presentó un informe de los hallazgos en una reunión en la Cámara de Diputados de Argentina.

Crisis climática y ambiental

En la mayoría de los sistemas jurídicos que operan hoy en el mundo -por supuesto, los que están en vigor a nivel nacional e internacional- la Naturaleza y todos los seres que la conforman no existen más que como “recursos naturales”; una forma de propiedad humana para ser explotada en mayor o menor grado a voluntad, lo que hace imposible proteger a la Naturaleza en un tribunal desde otro ángulo que no sea su papel desde los intereses humanos.

Ahora está más claro que nunca que estos sistemas legales no sólo han fracasado en proteger nuestro planeta de los avances de un extractivismo insaciable, sino que son, de hecho, las herramientas de ese mismo extractivismo, que supuestamente “regulan” la destrucción causada por industrias como la minería y el fracking, mientras que en la práctica sólo la sancionan y perpetúan. 

Frente a la insuficiencia del derecho ambiental tradicional, los Derechos de la Naturaleza presentan como una nueva forma de jurisprudencia que, al reconocer a la Naturaleza como sujeto jurídico de derechos al igual que los humanos, empuja a los tribunales a mirar más allá de los incentivos económicos y a tomar decisiones basadas en los intereses tanto de la humanidad como de la comunidad terrestre en su conjunto.

Ya se acabó el tiempo: la crisis ecológica está sobre nosotros. Negarla sería rechazar la evidencia que vemos con nuestros propios ojos, y no podemos permitirnos seguir cumpliendo con leyes que son fundamentalmente inadecuadas para abordar la situación actual; los Derechos de la Naturaleza deben ser reconocidos a nivel legal, en todas las escalas: desde lo local, hasta lo nacional e internacional, si es que queremos evitar esta crisis.

Para ello, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza pretende demostrar cómo pueden aplicarse los Derechos de la Naturaleza, presentando una serie de casos urgentes del mundo real ante un panel de distinguidos jueces, que examinan y dictaminan los casos desde la perspectiva de los Derechos de la Naturaleza.

Específicamente el Tribunal sentenció lo siguiente: 

El escenario actual de la Cuenca Neuquina desmiente con claridad la existencia de un “fracking seguro y responsable”, fórmula difundida a nivel global y repetida a nivel local y nacional por las compañías petroleras y gobiernos. Cabe agregar que nada de lo que está sucediendo constituye una sorpresa, pues la información sobre los impactos ambientales y territoriales del fracking, ya estaba disponible en 2013, año en que arrancó la explotación en Vaca Muerta. La diferencia entre 2013 y 2023 es que los impactos, en su carácter multidimensional, ya son visibles y palpables. Si a esto sumamos que, en realidad, Vaca Muerta apenas ha despegado, pues solo se ha explotado el 3%, cabe preguntarse cuál será la envergadura de los impactos, cuando la gran escala sea una realidad.

Por último, en un contexto de emergencia climática, Vaca Muerta es considerada una potencial bomba de carbono (28.900 millones de toneladas de C0² equivalentes a 2/3 de las emisiones globales actuales de CO²).

Lejos de ser un “combustibles de transición” como vienen sosteniendo las corporaciones petroleras, el shale gas y el tight gas generan mayores emisiones de gases de efecto invernadero que el convencional durante su etapa de producción; ya que se necesitan más pozos por metro cúbico de gas producido; sus operaciones utilizan energía, por lo general procedentes de los motores diesel, lo que aumenta las emisiones de CO2 por unidad de energía útil producida. Asimismo, la fracturación hidráulica requiere mayor consumo de energía e incluso un mayor volumen de venteo o quema de gas durante la fase de terminación del pozo.  Por otro lado, las emisiones de gas metano contribuyen de modo muy potente al efecto invernadero. No es casual que en 2018 el comité de DESC de la ONU dejó en claro que, de avanzar en Vaca Muerta, “la explotación total, con la fracturación hidráulica, de todas las reservas de gas de esquisto consumiría un porcentaje significativo del presupuesto mundial de carbono para alcanzar el objetivo de un calentamiento (no mayor) de 1,5 grados Celsius, estipulado en el Acuerdo de París”, y recomendará por ello al Estado argentino  reconsiderar la explotación en vaca Muerta, a la luz de los compromisos adoptados.