Comunicado de prensa · 11vo Tribunal Local de los Derechos de la Naturaleza

Biobío, Concepción, Chile

Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza declara como ecocidio los impactos provocados por el actual modelo forestal

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza celebró su 11vo Tribunal Local en la región del Biobío, Chile, el viernes 12 de enero, centrando su atención en las violaciones de los Derechos de la Naturaleza derivadas del modelo forestal y los devastadores incendios forestales de 2023.

Presidido por el destacado abogado ambientalista Enrique Viale y con el respaldo del Fiscal de la Tierra Ricardo Frez, el Tribunal se propuso investigar las responsabilidades de entidades públicas y privadas en la implementación de un modelo forestal destructivo. El Tribunal contó con un panel de jueces y juezas destacados: Claudio Donoso (Chile), Antonio Elizalde (Chile), Jacqueline Arriagada (Chile), Lucio Cuenca (Chile), y Karina Riquelme (Chile).

El jueves 11, el Tribunal pudo realizar una visita in situ al territorio y recorrió Agua Amarilla, Coroney, Cerro Neuque, Bosque de Queules, en la comuna de Tomé; y, Patagual, Quetra, la Quebrada y la comuna de Santa Juana; para dialogar con personas afectadas, comunidades y juntas de vecinos, conociendo los monocultivos forestales y constatando de primera mano los impactos del modelo forestal y los incendios en la vida de las personas y de la Naturaleza. También se visitó una reserva de Queule, donde se pudo apreciar la resiliencia de este y otros árboles nativos como el Quillay que resistieron el fuego, así como ejemplos de manejo sostenible del bosque que protege pequeños refugios de vida.

Durante la sesión, los jueces tuvieron la oportunidad de escuchar testimonios conmovedores y pruebas contundentes de expertos, comunidades afectadas y activistas, que reflejaron el impacto catastrófico del modelo forestal en las comunidades y el ecosistema. Se destacó que los megaincendios del 2023 arrasaron más de 479,000 hectáreas, afectando gravemente el 61% de la superficie forestal y el 9,4% de la superficie total de la región. Estos incendios tuvieron un costo humano significativo, con más de 7.000 personas afectadas, 26 víctimas fatales y la pérdida de 33.000 animales domésticos.

 Se escuchó la voz técnica de representantes e investigadores de EULA, ONG Conciencia Sur, y Earth Law Center. Adicionalmente, se expusieron los testimonios de integrantes de comunidades y organizaciones locales de Tomé, Patagual, Nacimiento, San Ramón-Quillón y Santa Juana, cerrando la jornada con el relato de representantes de la Comunidad Indígena Pewenche del Alto Biobío, quienes revelaron el dolor y la desesperación que sienten al ver sus tierras ancestrales devastadas. Relataron cómo la contaminación del agua, la pérdida de biodiversidad y el desplazamiento territorial han sido antecedentes que han afectado significativamente a sus sistemas de vida, afectando culturalmente sus raíces y espiritualidad. 

 Expertos en ecología y ciencias ambientales presentaron datos alarmantes sobre la degradación de los ecosistemas a causa de la instalación y operación del sistema forestal en el territorio. Describiendo, en concreto, evidencias de la pérdida y contaminación del agua, afectación y pérdida crítica de especies relevantes de flora y fauna y, en general, las consecuencias directas de la explotación forestal intensiva. A su vez, fue abordada la necesidad imperante de reevaluar el uso de agroquímicos, la deforestación y las prácticas de monocultivo.

 Tras un análisis exhaustivo, los jueces emitieron declaraciones contundentes. Las empresas forestales como Arauco y CMPC, las más grandes de Chile, fueron señaladas como responsables por tal destrucción ambiental, y por comprometer los derechos fundamentales de las comunidades locales. La Secretaría del Tribunal invitó a comparecer a las siguientes instituciones y empresas: CORMA, CONAF, Empresas ARAUCO (titular del proyecto M.A.P.A.) y CMPC (titular del proyecto Planta Santa Fe), quienes no concurrieron a la audiencia. Una importante presentación realizó la Alcaldesa de Santa Juana, quien dio cuenta del sufrimiento de los habitantes de su comuna, de la historia de la instalación del modelo Forestal y del absoluto abandono del gobierno central en orden a mitigar y prevenir estos desastres.

Además, se hizo un llamamiento urgente para reformar una legislación ambiental insuficiente, la necesidad de establecer políticas que prioricen la justicia ambiental y comunitaria, instando a las autoridades chilenas a reconocer los derechos intrínsecos de la Naturaleza que se encuentra recogidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. 

Se denunciaron las consecuencias históricas de la implementación del Decreto Ley N°701 y se propuso modificar el artículo 19 de la Ley N°20.283, sobre “Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal”, y que sea la ciencia comunitaria quien aporte a entender y proteger los territorios afectados y, de esta manera, promover un sistema de restauración que respete los ecosistemas locales.

Claudio Donoso, uno de los jueces del Tribunal, señaló: “La intervención de las montañas y cordilleras ha afectado gravemente el suministro de agua, creando una escasez alarmante. Estamos observando un deterioro acelerado del territorio que, a su vez, provoca graves impactos en las comunidades locales”.

Lucio Cuenca, por su parte, denunció la influencia de las grandes empresas forestales en la política y la institucionalidad, alegando que “existe una especie de captura de grupos como Arauco y CMPC, que han moldeado la política en función de sus intereses”.

El Tribunal subrayó la necesidad urgente de replantear las políticas forestales en Chile, resaltando las demandas de las comunidades indígenas y locales que han sufrido directamente las consecuencias devastadoras de este modelo. Karina Riquelme, otra voz crítica del Tribunal, expresó: “Las comunidades han realizado denuncias que han sido ignoradas durante años. Es hora de actuar y reconocer profundamente su dolor que pudimos constatar ha tenido consecuencias vitales.”.

Los jueces y las juezas del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza emitieron un veredicto oral la tarde del viernes 12 de enero en la que declararon:

1. Que el actual modelo forestal chileno ha provocado un ecocidio en el territorio y contra todos los seres vivos que lo habitan, humanos y no humanos;
2. Que el modelo forestal viola los derechos de la naturaleza e incluso las débiles normas de protección ambiental existentes en el país;
3. Que ha constatado la ausencia del Estado chileno en la regulación y fiscalización de la propia normativa existente la que además declaramos completamente insuficiente;
4.  Que el accionar de las grandes empresas forestales viola los derechos de la naturaleza;
5.  Se insta al Estado de Chile a generar un reconocimiento de los derechos de la Naturaleza en su normativa interna, como única forma de pervivencia de la humanidad y la biodiversidad, y que promueva un plan de superación del actual modelo forestal;
6.  Se exige con urgencia un plan de restauración y regeneración integral que nazca desde los territorios y espacios locales;
7.  Se exige la declaración de una moratoria o prohibición de establecimiento de especies invasoras y pirrofitas en el territorio;
8.  Considera al Queule, la cordillera de Nahuelbuta, el cerro Cayumanqui y el río Biobío; entre los demás elementos de la naturaleza, como sujetos de derechos inherentes que son reconocidos y amparados por la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra; mismos que deben ser reconocidos, garantizados y respetados por el Estado de Chile.
9. La iniciativa del XI Tribunal Local caso Biobío contra Modelo Forestal fue organizado por el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza y convocada desde el nivel local por la Alianza de los Derechos de la Naturaleza del Biobío, compuesta por diversas organizaciones, entre ellas: Red por la Superación del Modelo Forestal, Entramas por el Biobío, ONG We Kimün y ONG Defensa Ambiental; y, desde un plano internacional, por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN).

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Press release · 11th Local Rights of Nature Tribunal

Biobío, Concepción, Chile

International Rights of Nature Tribunal rules impacts caused by current forestry model as ecocide

The International Rights of Nature Tribunal held its 11th Local Tribunal in the Biobío region in Chile on Friday, January 12, focusing its attention on the violations of the Rights of Nature arising from the forestry model and the devastating forest fires of 2023.

Chaired by prominent environmental lawyer Enrique Viale and with the support of Earth Prosecutor Ricardo Frez, the Tribunal set out to investigate the responsibilities of public and private entities in implementing a destructive forestry model. The Tribunal had a panel of distinguished judges: Claudio Donoso (Chile), Antonio Elizalde (Chile), Jacqueline Arriagada (Chile), Lucio Cuenca (Chile), and Karina Riquelme (Chile).

On Thursday 11, the Tribunal was able to hold an in situ visit to the territory and toured Agua Amarilla, Coroney, Cerro Neuque, Bosque de Queules, in the commune of Tomé; and Patagual, Quetra, la Quebrada and the commune of Santa Juana, to talk with affected people, communities and neighborhood councils, learning about the monoculture tree plantations and seeing first-hand the impacts of the forestry model and the fires on the lives of people and Nature. They also visited a Queule reserve, where they could appreciate the resilience of this and other native trees such as the Quillay, which resisted the fire, as well as examples of sustainable forest management that protects small refuges of life.

During the session, the judges had the opportunity to hear moving testimonies and compelling evidence from experts, affected communities, and activists, reflecting the catastrophic impact of the forestry model on communities and the ecosystem. It was highlighted that the mega-fires of 2023 burned through more than 479,000 hectares, severely affecting 61% of the forest area and 9.4% of the total area of the region. These fires had a significant human cost, with more than 7,000 people affected, 26 fatalities, and the loss of 33,000 domestic animals.

The technical voice of representatives and researchers from EULA, NGO Conciencia Sur, and Earth Law Center was heard. In addition, members of communities and local organizations from Tomé, Patagual, Nacimiento, San Ramón-Quillón, and Santa Juana gave their testimonies, and the day closed with representatives of the Pewenche Indigenous Community of Alto Biobío, who recounted the pain and despair they feel at seeing their ancestral lands devastated, and how water contamination, loss of biodiversity, and territorial displacement have significantly affected their life systems, culturally affecting their roots and spirituality. 

Experts in ecology and environmental sciences presented alarming data on the degradation of ecosystems due to forestry operations in the territory. They described evidence of the loss and contamination of water, affectation and critical loss of relevant species of flora and fauna, and, in general, the direct consequences of intensive forestry exploitation. At the same time, the imperative need to reevaluate the use of agrochemicals, deforestation, and monoculture practices was addressed.

After an exhaustive analysis, the judges issued strong statements. Forestry companies such as Arauco and CMPC, Chile’s largest, were singled out as responsible for such environmental destruction, and for compromising the fundamental rights of local communities. The Secretariat of the Tribunal invited the following institutions and companies to make an appearance before the Tribunal: CORMA, CONAF, ARAUCO (owner of the M.A.P.A. project), and CMPC (owner of the Santa Fe Plant project), who did not attend the hearing. An important presentation was made by the Mayoress of Santa Juana, who spoke of the suffering of the inhabitants of her commune, the history of the installation of the Forestry model, and the complete abandonment of the central government to mitigate and prevent these disasters.

In addition, an urgent call was made to reform insufficient environmental legislation and establish policies prioritizing environmental and community justice, urging the Chilean authorities to recognize the intrinsic rights of Nature as set out in the Universal Declaration of the Rights of Mother Earth. 

The historical consequences of the implementation of Decree-Law No. 701 were denounced and a proposal was made to modify Article 19 of Law No. 20,283, on “Native Forest Recovery and Forestry Promotion”, and that community science should contribute to understanding and protecting the affected territories and, in this way, promoting a system of restoration that respects local ecosystems.

Claudio Donoso, one of the Tribunal’s judges, said: “The intervention of the mountains and mountain ranges has seriously affected the water supply, creating an alarming shortage. We are observing an accelerated deterioration of the territory which, in turn, is causing serious impacts on local communities”.

Lucio Cuenca, for his part, denounced the influence of large forestry companies on politics and institutions, alleging that “there is a kind of capture by groups such as Arauco and CMPC, which have molded politics according to their interests”.

The Tribunal stressed the urgent need to rethink forestry policies in Chile, highlighting the demands of Indigenous and local communities who have directly suffered the devastating consequences of this model. Karina Riquelme, another critical voice of the Tribunal, said: “The communities have made complaints that have been ignored for years. It is time to act and deeply recognize their pain, which we have seen has had vital consequences”.

The judges of the International Rights of Nature Tribunal issued an oral verdict on Friday afternoon, January 12, in which they declared:

1. That the current Chilean forestry model has provoked ecocide in the territory and against all living beings that inhabit it, human and non-human;
2. That the forestry model violates the Rights of Nature and even the weak environmental protection regulations existing in the country;
3.  It has verified the absence of the Chilean State in the regulation and control of the existing regulations, which they also declared to be completely insufficient;
4. That the actions of the large forestry companies violate the Rights of Nature;
5. The State of Chile is urged to recognize the Rights of Nature in its internal regulations, as the only way for the survival of humanity and biodiversity, and to promote a plan to overcome the current forestry model;
6. A plan of restoration and integral regeneration is urgently demanded, worked on with the communities and in the local territory;
7. The declaration of a moratorium or prohibition of the establishment of invasive and pyrophyte species in the territory is demanded;
8. It considers Queule, the Nahuelbuta mountain range, the Cayumanqui hill, and the Biobío river, among other elements of Nature, as subjects of inherent rights that are recognized and protected by the Universal Declaration of the Rights of Mother Earth, which must be recognized, guaranteed and respected by the State of Chile.

The initiative of the XI Local Tribunal in the Biobío case against the Forestry Model was organized by the International Rights of Nature Tribunal and convened at the local level by the Alliance for the Rights of Nature of Biobío, composed of various organizations, including Red por la Superación del Modelo Forestal, Entramas por el Biobío, NGO We Kimün and NGO Defensa Ambiental; and, at the international level, by the Global Alliance for the Rights of Nature (GARN).

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